La ocupación ilegal de propiedades causa un enorme daño, tanto al propietario como a todo su entorno, facilitando la llegada de personas con un dudoso respeto por la legalidad y la convivencia y que normalmente producen una enorme merma en la calidad de vida de sus vecinos. Es una lacra difícil de erradicar y que es mucho mejor prevenir.
Establecer un protocolo que permita verificar de forma inmediata cualquier asalto a vivienda o propiedad estableciendo el allanamiento antes de que pueda consolidarse como ocupación y causar grave perjuicio al propietario.
Este protocolo solo necesita que los agentes dispongan de:
- Información inmediata y actualizada sobre el propietario del inmueble. Documentos de propiedad, datos de contacto…
- Sistemas de alarma que permitan documentar el momento del asalto.
- La adecuada formación y respaldo legal del agente que intervenga (que no ponemos en duda) para que pueda ejercer su autoridad libremente.
La carencia de cualquiera de estos elementos permite al ocupante ganar tiempo y consolidar la ocupación, lo que nos lleva al complejo sistema judicial que puede demorar años dicho desalojo.
Para que este y otros planes de seguridad puedan ser eficaces es necesario contar con una plantilla adecuada de policías locales, actualmente claramente insuficientes.
Es cierto que no tenemos ocupas, pero con un solo grupo nos pueden amargar la vida en el pueblo.